La Fiscalía General del Estado pide la inhabilitación de dos responsables de una clínica estética, por negarse a realizar un injerto capilar VIH. Y es que no podía ser de otra manera, pues la discriminación injertos capilares vih vulnera el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades publicas, contemplados en el capitulo IV del código penal español.

Los hechos fueron investigados por el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, que tras el escrito de conclusiones de la Fiscalía, llevará a juicio a los responsables de la Clínica Estética Esbeltia S.L, con sede social en Málaga y especializada en trasplantes capilares.

El fiscal de delitos de odio de Barcelona pide tres años de inhabilitación para el Dr. Francisco Javier Ruiz Solanes, director médico de la clínica que se negó a realizar el injerto capilar VIH, y su hija quien ejercía la gerencia del centro de injertos capilares.

Ser portador del VIH con carga viral indetectable no supone riesgos graves para el contagio de otras personas, y mucho menos si el paciente se encuentra sometido a un tratamiento antirretroviral de forma regular. La terapia antirretroviral esta específicamente diseñada para impedir la multiplicación del VIH dentro del organismo, evitando que disminuya el número de células atacadas por el virus. Bajo un tratamiento antirretroviral efectivo el VIH ya no puede infectar nuevas células al mismo ritmo, de modo que el sistema inmunológico puede seguir ejerciendo sus funciones de defensa del organismo.

El código penal en su articulo 510 castiga a quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia, por enfermedad o discapacidad, motivos racistas, de ideología, creencias, raza, sexo, orientación o identidad sexual y razones de género.

El fiscal sostiene que los responsables de la clínica negaron el implante capilar vih al paciente, pese a que no entrañaba ningún riesgo añadido respecto a los que puedan acontecer en la población en general, ni para los profesionales responsables de la intervención del injerto capilar VIH o el propio paciente.

Esperamos que se logre sentar un precedente con el fallo que está por venir, de cara a terminar con la discriminación que existe en la realización de injertos capilares VIH, pues la fiscalía pide una condena de tres años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

En nuestros 15 años de experiencia no ha sido fácil conformar un equipo especial para el trasplante capilar Vih, pero lo hemos conseguido en bienestar del colectivo de pacientes portadores de vih. En la actualidad podemos atender a cientos de pacientes que nos contactan, incluso desde Estambul, al ser rechazados por las clínicas que contrataron para su intervención de trasplante capilar vih y que posteriormente se negaron a llevarlo a cabo.

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